Rótelo No. 31 “Otro choque de militarización”

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Hace algunos días el periódico Boyacá 7 días anunció que la policía se arma de electrochoques.

A pesar de las declaraciones del coronel José Elías Baquero Ayala, comandante del Departamento de Policía, quien indica que es una herramienta que no atenta contra la salud de las personas consideramos que es importante analizar por qué se da el uso de esta arma, cómo se va a implementar y cuáles son las consecuencias que las mismas pueden provocar.

En primera medida, encontramos que se piensa implementar “en el control de riñas, protestas violentas y otras alteraciones del orden público”, haciendo énfasis en que “es el arma oficial contra los disturbios en la universidad pública”. En principio rechazamos enérgicamente su uso hacia cualquier persona pues es un arma que vulnera los derechos humanos, la salud y la integridad de quienes se convierten en su blanco.  ¿Dónde está entonces la presunción de inocencia y las garantías de un “Estado Democrático”? Evidentemente el discurso se queda en el papel.

Además, rechazamos que se incluyan los disturbios y la protesta estudiantil en el mismo grupo con la delincuencia común. Los estudiantes no somos delincuentes y las protestas tienen una razón de ser que nunca han encontrado vías del diálogo y negociación por parte de la institucionalidad. Un ejemplo  que demuestra la letalidad del Taser es el caso Reefa, de un joven colombiano, llamado Israel Hernández quien fue asesinado en agosto de 2013 por parte de la policía de EEUU producto de un disparo con una de estas armas, caso que actualmente se encuentra en el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.

Un informe de Amnistía Internacional aseguró, al menos 540 personas han muerto desde 2001 por armas Taser en EEUU y que gran parte de estos casos son producto del uso indebido de la fuerza por parte de los agentes. Además, Douglas Zipes, cardiólogo e investigador de la Universidad de Salud de Indiana asegura que desde el punto de vista clínico no hay ninguna duda de que un disparo con Taser en el pecho puede causar un paro cardíaco y una muerte posterior. En conclusión, que no sea arma de fuego, no quiere decir que no sea letal.

Estas armas, según señala el artículo de Boyacá 7 días tienen un costo de siete millones de pesos cada una, demostrando así que la prioridad para un gobierno que habla de paz es hacer la guerra por medio de la criminalización, estigmatización y agresión a la protesta social mientras salud, vivienda y educación son derechos cada vez más lejanos para el pueblo colombiano. ¿Qué opinarán el gobernador Carlos Amaya, el alcalde de Tunja Pablo Cepeda y el recién posesionado Personero Municipal sobre la implementación de estos nuevos “juguetes” que estarán en manos de cuestionables agentes de una de las instituciones más corruptas del país protagonista en múltiples casos de violaciones a los Derechos Humanos? Y ¿Qué haremos como estudiantes cuando ya nos están señalando como blanco para usar estas armas? Bueno, pues desde ahora rompemos el silencio y denunciamos esta nueva punta de lanza de la política de vigilancia y control que se viene imponiendo sobre Tunja y sobre la UPTC que servirá como medio terminar para sembrar el terrorismo de Estado en las calles y las clases. Ante esta realidad no queda sino organizar la rabia, juntar la rebeldía, preparar la movilización y fortalecer la defensa de los derechos humanos para evitar que cada día la Universidad pública pague con más heridos, asesinados o encarcelados las acciones de la fuerza policial.

 

COLECTIVOS PRAXIS INSUMISA- IDENTIDAD ESTUDIANTIL TUNJA- ANJECO BOYACÁ

“Estudiantes, somos pueblo construyendo alternativas de poder popular, a estudiar y a luchar por la liberación nacional”

“Somos REMISO- Resistencia contra la militarización de la sociedad.”

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